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El mayor donante de campaña de la congresista republicana por Miami, María Elvira Salazar, en este ciclo electoral es Lenir Pérez, un magnate industrial en Centroamérica acusado de delitos ambientales en Honduras.
Según los documentos de acusación, se le señala de supervisar una mina y una planta de procesamiento de minerales que, bajo su dirección, explotaron ilegalmente recursos minerales y forestales en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, en el norte del país.
El lugar, denominado Los Pinares, ha sido objeto de controversia durante más de una década. Las comunidades locales y los grupos ecologistas se oponen a la extracción de óxido de hierro a cielo abierto; según ellos, los permisos para dicha actividad nunca debieron haberse concedido. Desde 2019, al menos cinco activistas ambientales locales y un líder católico defensor de los derechos humanos que se oponían a la mina han sido asesinados a tiros.
Los registros de financiamiento de campaña muestran que Pérez —quien sostiene su inocencia— ha aportado este año un total de $105,000 a los comités políticos conjuntos de recaudación de fondos y de liderazgo de Salazar, además de otros $7,000 destinados a su comité de candidatura el 5 de mayo. Ese mismo día, también contribuyó con $88,000 al Comité Nacional Republicano del Congreso.
Más adelante esa misma semana, Pérez presumió de haber recibido a Salazar en su extensa finca ecuestre, valorada en $10 millones y ubicada en Wellington —propiedad que fue objeto de un registro por parte del FBI en 2023—. Pérez publicó en sus redes sociales una fotografía de ambos juntos. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, también compartió en Facebook imágenes junto a Salazar, aparentemente tomadas durante el mismo evento.
En 2024, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un decreto que revierte medidas estatales previas que habían permitido la actividad minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía. No obstante, los ecologistas han expresado su preocupación de que la ley no se aplique contra Pérez, dado el predominio del conservador Partido Nacional —al cual pertenece Zambrano— en el país. Zambrano asumió el cargo de presidente del Congreso a principios de este año.
Salazar, quien ha aprovechado su cargo como presidenta del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EEUU para intervenir en la política hondureña, no respondió a las preguntas del Miami Herald sobre sus conversaciones con los hombres que se encontraban en la residencia de Pérez. En los últimos meses, Pérez también ha hecho alarde de haber mantenido reuniones con funcionarios del Departamento de Estado de EEUU.
El Herald envió solicitudes de comentarios a su oficina y a su director de comunicaciones; además, intentó contactarla mediante llamadas y mensajes de texto a su teléfono celular. Salazar se encuentra inmersa en una reñida contienda electoral contra el demócrata Eliott Rodriguez para representar al 27.º Distrito Congresional de Florida, que abarca Coral Gables, South Miami, Pinecrest y Palmetto Bay.
Ni Pérez ni Zambrano respondieron a las preguntas sobre los temas que trataron, ni sobre qué motivó a Pérez a realizar una inversión tan cuantiosa en la campaña de Salazar. Según los registros federales de financiamiento de campañas, el multimillonario financiero J.W. Childs es el único otro donante que ha igualado la contribución de $112,000 que Pérez destinó a Salazar en este ciclo electoral.
La residencia de Pérez en Wellington fue objeto de un registro por parte del FBI en abril de 2023, según informaron demócratas del Congreso. Estos sostienen que la operación formaba parte de una investigación federal sobre un gigante estadounidense del sector siderúrgico que, presuntamente, mantenía relaciones comerciales con la empresa Los Pinares. Las cámaras de los medios de comunicación captaron la presencia de agentes del FBI y de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach en la propiedad.
La acusación formal presentada en 2024 contra Pérez por la Fiscalía Especial del Medio Ambiente de Honduras fue obtenida y compartida con el Miami Herald por el medio de investigación hondureño Contracorriente, el cual fue el primero en informar sobre las contribuciones de Pérez a la campaña de reelección de Salazar.
Se sabe poco públicamente sobre el pasado de Pérez, más allá de sus humildes comienzos.
Según su propio relato, Pérez llegó a Tocoa —una importante ciudad comercial en el norte de Honduras— en 2002, cuando su empresa constructora fue contratada para realizar trabajos en una finca gestionada entonces por la Corporación Dinant. Dicha corporación fue fundada por el fallecido magnate industrial Miguel Facussé, con cuya hija Pérez contraería matrimonio más tarde.
A partir de ese punto de partida, Pérez construyó el Grupo Emco Holding, un conglomerado multinacional con presencia en los sectores de minería, aeropuertos, energía y logística. Gran parte de los negocios de la empresa provinieron de concesiones gubernamentales para gestionar proyectos públicos durante la administración del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico de cocaína. El presidente Donald Trump le concedió un indulto el año pasado.
Lo que convirtió a Pérez en un nombre conocido en toda Honduras fue el proyecto Los Pinares.
En 2011, el gobierno hondureño designó cerca de 250,000 acres de bosque en el norte del país como parque nacional protegido, bautizándolo con el nombre de Carlos Escaleras Mejías, un ambientalista asesinado en 1997 durante un conflicto relacionado con una planta de extracción de aceite de palma propiedad de Facussé. En 2013, Pérez solicitó permiso para explorar una parte del parque en busca de óxido de hierro. En diciembre de ese mismo año, los legisladores hondureños modificaron los límites del parque para permitirle seguir adelante con sus planes.
Las comunidades locales y los grupos ambientalistas se opusieron a esta medida. Se sucedieron campañas de recolección de firmas, manifestaciones y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Entre 2019 y 2024, al menos cinco líderes del movimiento contra la mina fueron asesinados a tiros en circunstancias misteriosas; un hecho que forma parte de un patrón más amplio de violencia en el país contra los activistas medioambientales.
El asesinato más reciente fue el de Juan Antonio López, concejal municipal y colaborador del obispo católico local. López fue asesinado a tiros al salir de la iglesia la noche del 14 de septiembre de 2024. A principios de ese mismo año, había encabezado con éxito un movimiento que obligó al Congreso hondureño a restablecer los límites originales del parque nacional y a denegar la prórroga de las licencias para realizar excavaciones en la zona.
Diez días después del asesinato de López, la fiscalía hondureña acusó a Pérez y a otras personas de infringir la normativa medioambiental en el sitio de Los Pinares —aproximadamente entre 2013 y mayo de 2021— al operar en áreas que excedían los límites permitidos.
El asesinato de López provocó una oleada de indignación a nivel mundial; el papa Francisco, las Naciones Unidas y el organismo de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos condenaron el suceso y exigieron una investigación independiente.
En septiembre del año pasado, tres legisladores demócratas escribieron al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre los asesinatos de los activistas que se oponían al proyecto de Pérez, describiendo sus muertes como parte de "un patrón más amplio de corrupción e impunidad en casos vinculados a poderosos intereses corporativos y políticos".
Señalaron que Pérez y su esposa, Ana Facussé, "han sido acusados reiteradamente por comunidades locales y por organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, de corrupción, participación en violentos conflictos por la tierra, influencia indebida en el sistema judicial y vínculos con el narcotráfico".
Dichos legisladores indicaron que los defensores del parque nacional "han sido objeto de hostigamiento persistente, criminalización y asesinatos", y pidieron al Departamento de Estado de EEUU que trabaje para garantizar la seguridad de los activistas y presione al gobierno hondureño para que proteja el parque nacional.
El exalcalde de la región donde se encuentra la mina fue detenido en Honduras el 12 de mayo de este año —la misma semana en que se realizaron las contribuciones de Pérez a Salazar— por su presunta implicación en el asesinato de López. Algunos grupos ecologistas locales han solicitado que Pérez también sea imputado en ese caso; sin embargo, no se ha establecido una conexión formal entre Pérez y los asesinatos de los activistas.
Pérez ha negado haber cometido irregularidad alguna. Su empresa ha sostenido durante mucho tiempo que sus operaciones son ambientalmente responsables y que generan empleos en una región subdesarrollada.
El caso judicial relacionado con delitos ambientales en el que está involucrado sigue en curso.